jueves, 13 de junio de 2013

#Funcionarios y Ley #Transparencia

En el pasado ASTICnet, tuvimos la fortuna de contar con David Cabo. Una persona que admiro por su continua lucha (práctica) en favor de la transparencia de los poderes públicos, que comenzó desde la base de la pirámide del activismo hasta llegar a convertirse en una de sus figuras más destacadas. Este país necesita muchos David Cabo.

Enlazando de wifi de aeropuerto en wifi de otro aeropuerto traté de seguir y participar en un debate en el que lamenté no estar presente. En el mismo, a raíz de un tweet de @joseche_jagg del que hice RT surgió el interesante debate de los Funcionarios ante la transparencia, aunque finalmente derivó hacia el asunto del mail como canal de petición. Un debate difícil de mantener en 140 carácteres. Prometo escribir algo sobre lo segundo, pero me voy a centrar en lo primero.

Sin triunfalismos, si creo como @joseche_jagg que muchos funcionarios estamos a favor de la transparencia de nuestro trabajo. Digo muchos, no todos, precisamente por no querer caer en triunfalismos, y por que como bien dice David, decir que "no hay funcionario que no quiera la transparencia no nos lleva a ningún sitio". Siempre es necesaria entre los empleados públicos la promoción de la cultura de los abierto, y que sean parte activa en la transparencia de la Administración.

Pero .... ¿Hasta que punto depende de un empleado público la transparencia de la Administración?

Vaya a continuación un análisis de la situación y cómo la futura ley de transparencia podría facilitar (introduciendo cambios) una participación activa de los empleados públicos en el acceso a la información. Aviso que no tengo la formación jurídica formal para considerar lo que sigue más que un trabajo de aficionado. Se admiten mejoras y pido disculpa por errores académicos. (Y reitero que estas aportaciones son personales, y no a título ni de empleado público o miembro de ninguna asociación).

Conviene puntualizar, en primer lugar, que las peticiones de información recibidas por canales formales, como los registros presenciales y electrónicos, o informales, como el correo electrónico, no se dirigen a empleados públicos sino a las organizaciones administrativas en las que prestamos servicio. Estas son las que dan respuesta a las peticiones de los ciudadanos, tanto en el acceso a la información cómo en cualquier otra solicitud o servicio público. Ello es algo que se mantiene dentro del último borrador conocido de la ley de transparencia, que fija como ámbito de aplicación de la ley (articulo 2) a una serie de entidades con distinto grado de participación pública. Mientras, aquel personal que presta servicio en las mismas (articulo 3) está obligado a facilitar información a estas organizaciones para dar respuesta a los solicitudes que recibe, indicándose de modo expreso que esto debe hacerlo sólo "previo requerimiento".  No existe otra mención en el borrador de ley hacia el papel del empleado público en el proceso de facilitar información, excepto para establecer una sanción grave a aquellos responsables de no resolver en el plazo establecido por la ley (articulo 17.6), aunque esté claro que quien de curso al proceso habrán de ser funcionarios u otro personal al servicio de la Administración. Es decir, la propuesta de ley de transparencia no incluye cambios significativos sobre el rol de medio no activo de los empleados públicos en la transparencia de las Administraciones Públicas.

He revisado las propuestas de la Coalición Pro-Acceso (Disclosure: y he aprovechado para firmar mi apoyo a los diez principios que defiende a título particular, algo que no se si había ya hecho y que recomiendo hacer).  Entre ellas figura


Propuesta 19: El Parlamento debería incluir en la ley las sanciones y protecciones que se enumeran en este punto para reforzar el derecho de acceso a la información y asegurar una implementación más rápida. 
Ello hace referencia a un punto  que se incluye en ése apartado y que dice


Protección especial para aquellos funcionarios que, de buena fe, publiquen información que no debería haber sido publicada por afectar a alguna de las excepciones previstas en la ley.
Una propuesta que sin duda sería de valor, ya que podría dar cabida a una protección mayor del papel del funcionario. No obstante, quizás le falte profundidad y desarrollo. Y ello probablemente sea a causa de que los empleados públicos (a título personal) no nos hayamos involucrado lo suficiente en aportar a dichas propuestas nuestras aportaciones. Aunque también hay que resaltar, que dichas aportaciones tampoco se han buscado en exceso. Revisando la lista de comparecencias ante la comisión del Congreso que ha debatido el proyecto (versión gráfica), uno descubre que entre ellos sólo está la presencia de la Presidenta de la Asociación de Archiveros y de la funcionaria en excelencia Elisa de la Nuez (gran intervención, por cierto).

Todo ello lleva a haber encontrado escaso número de propuestas entorno incluir medidas de protección del empleado público como garante de una correcta implementación de la ley de transparencia. Sin ánimo de ser quien las haga, siempre tendrían la imperfección de la falta de conocimiento jurídico, he tratado de hacer un barrido en Internet sobre la materia de los "whistleblowers" (me niego a tratar de traducir el bello y anglosajón término). Es ello un entorno complejo, dónde no sólo se mezcla la colaboración voluntaria de funcionarios en casos de acceso a la información que se conozcan sino también la libertad de expresión de los funcionarios. Quizás el desarrollo más interesante que he encontrado son las propuestas de Transparencia Internacional sobre los principios que deben regir la legislación sobre whistleblowers. Existen razones para ello, y en este documento pueden encontrarse algunos casos de funcionarios que han sufrido algún tipo de persecución por ejercer de whistleblowers en paises de la Unión Europea.

El porqué han de incorporarse los principios de la propuesta de Transparencia Internacional para protección de los whistleblowers empleados públicos en nuestra futura ley de transparencia está motivado por la existencia de un régimen disciplinario de los empleados públicos. Dicho régimen incluye límites en el ámbito de la difusión de información (ver articulo 95.2.e y articulo  95.3.c del Estatuto Básico del Empleado Público), y consecuentemente a un rol activo de los empleados públicos en el acceso a la información.

Por no ser prolijo en propuestas, ello nos llevaría al menos a la necesidad de otorgar una serie de  competencias al anunciado órgano independiente que sea el máximo garante de la ley de transparencia 


  • Ser órgano de apelación para faltas disciplinarias relacionados con los artículos 95.2.e y 95.3.c del EBEP
  • Facilitar un canal, con garantía de anonimato, para que empleados públicos denuncien casos de desvío en la interpretación de los principios de la ley de transparencia en peticiones de acceso de información
  • Proporcionar de modo anónimo información de la que dispongan relativa a peticiones de acceso a la información de las que tenga conocimiento y no le haya sido requerida
  • Interpretación del principio de buena fe de los empleados públicos que publiquen información fuera de los límites de la ley de transparencia
  • Capacidad de revisión a petición de empleados públicos, con garantía de anonimato, de actos administrativos presentes o pasados que declaren alguna materia fuera del derecho de acceso  a la información


Espero con este debate haber contribuido (reitero, a título personal) al debate sobre la futura Ley de Transparencia. No he conseguido encontrar en la red referencias sobre el tema en los debates virtuales sobre la Ley de Transparencia, y quizás aún estemos a tiempo de abrir la vía.






5 comentarios:

  1. Emilio, muy de acuerdo. De hecho, este sería un caso particular de una práctica general: el funcionario se supone que está blindado frente a los cargos políticos para trabajar con sujección a la Ley.

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  2. Me parece muy importante que los funcionarios, que generalmente quieren liberar la información, pero necesitan de un marco que les ampare.

    Creo que sería muy efectivo de cara a la implantación práctica

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  3. La protección a los "imprendedores" me parece un pilar. No ya de la transparencia. De la libertad en sí.

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  4. Muy interesante Emilio, es un tema que traerá cola, por lo menos mientras la información esté "politizada". Ese es el escenario en el que nos movemos, ya que si fuese de otra manera el funcionario no tendría problemas en hacer su trabajo y aplicar la ley viente, en este supuesto caso, la Ley de Transparencia.

    No tenemos cultura en este sentido, tantos años sin ley de acceso a la información, transparencia, o algo que se le parezca... Negro lo veo, tanto que empiezo a creer que este año tampoco se aprobará la ley.

    Buena reflexión.

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  5. Gracias a los que os habéis pasado por aquí. La verdad es que si es un tema interesante. Me metí a investigarlo tras el cruce de tweets con @dcabo, y me sorprendió tanto que hubiera algún estándar al respecto cómo que el tema no se hubiera tratado en el debate de la ley de transparencia. Está claro que a los empleados públicos y sus derechos en todo ámbito han de ser estos los que los defiendan. Si propuestas de este tipo no están encima de la mesa es en gran medida culpa nuestra.

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